Javier Milei confirmó que vetará la ley de financiamiento universitario


El presidente Javier Milei anunció que vetará la ley que incrementa el presupuesto para las universidades nacionales, aprobada en la madrugada de este viernes en el Senado. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que utilizará su facultad de veto para frenar la norma, argumentando que esta medida afecta el objetivo de su gobierno de alcanzar el superávit fiscal.

La ley fue aprobada con 57 votos afirmativos, 10 en contra y una abstención. La iniciativa establece un aumento en los recursos destinados a las universidades, incluyendo ajustes salariales para docentes y no docentes, con el fin de garantizar el funcionamiento de estas instituciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida generaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que equivale al 0,14% del PBI.

Detalles de la ley que será vetada

El proyecto de ley obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales cada dos meses, basándose en la inflación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. La normativa fija que esta actualización deberá realizarse desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del mismo año, cubriendo los gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades.

Uno de los puntos más importantes de la ley es la actualización salarial para el personal docente y no docente del sistema universitario. Los salarios se ajustarían a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción de la ley por la inflación acumulada en ese período. Luego de la sanción y hasta el 31 de diciembre de 2024, los salarios se actualizarían de manera mensual según el IPC, salvo que exista un acuerdo entre los docentes y las autoridades universitarias que establezca lo contrario.

Reacciones al veto y golpe a la SIDE

La decisión de Milei de vetar el proyecto fue rechazada por sectores de la oposición, quienes impulsaron la ley con el objetivo de reforzar el financiamiento de las universidades. Desde el gobierno, en cambio, defendieron la postura presidencial alegando que el incremento presupuestario pondría en riesgo las finanzas públicas. El presidente subrayó en su mensaje que “el control del déficit fiscal es prioritario para garantizar la estabilidad económica del país”.

Durante la misma sesión en el Senado, la oposición también logró rechazar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo que otorgaba 100.000 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este rechazo se sumó a la tensión entre el gobierno y los sectores opositores, quienes argumentaron que el aumento del presupuesto para la SIDE no estaba debidamente justificado y que esos recursos debían destinarse a otras áreas prioritarias, como educación y salud.

Impacto en las universidades y salarios

La ley vetada por Milei tenía como principal objetivo asegurar el funcionamiento de las universidades nacionales y mejorar las condiciones salariales del personal educativo. Además del ajuste inflacionario, la ley proponía que el Poder Ejecutivo garantice el mantenimiento de las infraestructuras universitarias y el desarrollo de proyectos de investigación y extensión. En caso de que se efectivizara, el gobierno estaría obligado a ajustar el presupuesto universitario cada dos meses, asegurando que las instituciones no quedaran desfinanciadas en un contexto de alta inflación.

Asimismo, el ajuste salarial previsto era uno de los puntos clave del proyecto. Los docentes y no docentes del sistema universitario nacional recibirían aumentos mensuales en sus salarios acorde a la inflación, lo que evitaría la pérdida de poder adquisitivo frente a la constante suba de precios. Este esquema de actualización salarial solo podría modificarse si las partes llegaban a un acuerdo alternativo.

El veto anunciado por Milei implica que estas medidas no serán implementadas, lo que ha generado preocupación en diversos sectores educativos que consideran fundamental el financiamiento adecuado de las universidades para garantizar su correcto funcionamiento.