Un oficial de la Policía Bonaerense quedó detenido en las últimas horas en la causa en la que se lo investiga como jefe junto a Jorge Castillo de una de las bandas que amenazaba y extorsionaba a puesteros de la feria La Salada.
Héctor Esteban Peralta, alias "Taco", prestaba servicios en la Jefatura Distrital Norte de Lomas de Zamora y se presentó junto a su abogado particular Juan José Ribelli ante el fiscal de la causa, Sebastián Scalera.
El fiscal lo indagó como supuesta mano derecha de Castillo, bautizado "Rey de La Salada", en la denominada "Banda de Los Chaqueños" pero el acusado negó conocer a los integrantes.
Por consejo de su defensor, Peralta se negó a contestar las preguntas de la fiscalía y quedó alojado en la Alcaidía de Lomas de Zamora.
Detenidos. De esta manera, son 26 los detenidos por el caso ya que la Justicia ya rechazó los respectivos pedidos de excarcelaciones de los otros 25.
La lista completa de los detenidos la integran Jorge Castillo, administrador de Punta Mogote; Hugo Castillo, hermano de Jorge; y su esposa Alcira Arrieta, dueños del complejo "Coty 3"; Adrián y Leandro Castillo, sobrinos del primero y dueños del predio "Coty 3"; Orlando Fassone, subcomisario de la División Narcotráfico de Lomas de Zamora; y Pablo Randone, cabo primero de la Policía Federal asignado a la División Custodia de Funcionarios.
También fueron apresados Pablo Gómez, Santos Crespín Gómez, Orlando Fernández, Mauricio Sequeira, Luis Ramírez, Ariel Monier, Maximiliano Pedernera, Eduardo Batistoni, Eduardo Ruiz, Raúl Ramírez, Daniel Isasi, Manuel Villalba, Saúl Rodríguez, Mauro Leiva, Rafael Sambrán y Alejandro Rivero.
A estos se suman el abogado Alfredo Magistrati y Maximiliano Gómez, quien ya estaba preso en otro expediente por robo que ya fue elevado a juicio oral.
La causa. Según los investigadores, Jorge Castillo lideraba la "Banda de los Chaqueños"; su sobrino Adrián, la conocida como "Banda de Adrián o de River" y Leonardo Farías -uno de los prófugos- otra de las organizaciones denominada "Banda de los Cucos".
Esta causa comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados.
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